Por Betty Rhaza
Desde el 7 de diciembre 2022 hasta la fecha, la ineficiencia de Dina Boluarte ya ha causado más de 100 muertos en el Perú.
Mientras la dupla “Balearte-Matárola” y lxs congresistas peruanxs comen comida de primera clase, pisan buenas alfombras, tienen viviendas de lujo, sus oficinas congresales están bien equipadas con los gadgets & devices ultra modernos y hacen viajes al extranjero cuando se les da la gana, las grandes mayorías afectadas por las lluvias, inundaciones y huaicos, que se agravaron entre febrero y marzo con el ciclón Yaku(i), siguen en la incertidumbre y el abandono.
El 11 de marzo, Dina Boluarte reconoció en público, que “el Estado no tiene medios para afrontar las consecuencias que están provocando las fuertes lluvias e inundaciones.” Asimismo, afirmó que los gobernadores y los alcaldes no tenían como afrontar de manera inmediata y, “hay que decir la verdad, el Estado tampoco” manifestó(ii).
La población más afectada por los fenómenos naturales son la de bajos recursos económicos, con hogares cuyas viviendas fueron construidas con materiales incapaces de resistir a este tipo de desastres naturales. Por lo mismo, lxs afectadxs han perdido temporalmente sus trabajos y sus ingresos económicos.
Según el diario Infobae(12/03/2023 23:17 Hrs), y otros medios de noticias, Patricio Valderrama, exdirector de Senamhi (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú), declaró: “No hemos aprendido nada”. Las autoridades “no han tomado medidas para prevenir este tipo de desastres” manifestó, reportándose hasta dicha fecha “un total de 59 fallecidos y más de 12 mil damnificados”(iii).
Sin embargo, esas cifras han sido actualizadas por la señora Boluarte, quien ofreció estadísticas que reportaron más de “8 mil damnificados y 50 muertos por los huaicos en Perú”(iv).
Con esa información, lamentablemente, se confirma la incapacidad de Dina Boluarte para dirigir el Estado peruano, tanto en la coyuntura política actual al reprimir violenta y genocidamente a las protestas de un pueblo que no reconoce su gobierno, como en situaciones de emergencias ante los desastres naturales.
Pasado el ciclón, y habiendo dejado graves estragos en las familias afectadas, preguntamos: ¿Qué ofrece Estado peruano para ayudar a reparar los daños de vivienda, alimentación, salud, entre otros, a lxs más de “8 mil damnificados”?
Las noticias, fotos y videos in situ nos han mostrado el infortunio en el que han quedado gran parte de la población peruana, especialmente del norte y centro costeros del país.
Delegaciones del Estado se están trasladando para llevar “ayuda humanitaria” consistente básicamente en bienes de primera necesidad para ser distribuidos entre la población afectada.
El Ministerio de Vivienda, por su lado, ha anunciado que dará una ayuda económica de 500 soles (USD 133.87) mensuales durante dos años seguidos a las personas afectadas a través de un subsidio económico, denominado Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE); sin embargo, la ministra de dicha cartera, Hania Pérez de Cuéllar, aclaró que el bono le tocará “solo a las personas cuyas viviendas han sido declaradas inhabitables y destruidas”(v). Para acogerse a dicho subsidio económico, las familias tienen que empadronarse. Luego los padrones serán depurados por las autoridades locales (municipios). En el caso de las viviendas dañadas pero habitables, y que no se ajusten a los criterios de la normativa ministerial, no podrán recibir la ayuda que necesitan para reconstruir sus viviendas.
En tal sentido, con dichas donaciones y bonos, el Estado no logrará cubrir ni resolver las necesidades de hambre, vivienda, salud, saneamiento y otros sobre la población total de 8 mil damnificadxs, que han sido afectadxs por los desastres naturales.
El 7 de diciembre 2022, Dina Boluarte tomó de manera controversial el gobierno del Perú. Para la gran mayoría del pueblo peruano, Boluarte usurpó el cargo presidencial. Ante el gran descontento popular, especialmente en las regiones del sur del país, se empezó a desarrollar una ola de protestas que fueron in crescendo hasta lograr un impacto a nivel nacional. La respuesta inmediata de Dina Boluarte «Balearte” y de su primer ministro Alberto Otárola “Matárola”(vi) fue la represión y matanza contra lxs manifestantes.
Desde que el estallido social empezó en diciembre 2022 hasta lo que va del año 2023 (interrumpido por los huaicos), la violencia represiva y sanguinaria de la dupla Balearte-Matárola ha dejado un saldo de más de 70 muertos (cifras reportadas desde el pueblo), aunque el diario The New York Times reporta cifras de 48 civiles muertos y más de 970 heridos, cifras basadas en informes de la Defensoría del Pueblo de Perú(vii).
El mismo medio de prensa revela que “las fuerzas de seguridad dispararon municiones letales contra civiles desarmados, en las protestas de diciembre y enero.” El caso de las persecuciones es otro agravante hacia el pueblo.
Para hacer posible su política represiva y de odio contra las manifestaciones, Balearte y Matárola se vieron en la imperiosa “necesidad” de hacer compras millonarias de armas y material antidisturbios.
Entre el 20 y 27 de diciembre 2022, inmediato a las primeras manifestaciones en Andahuaylas y Ayacucho, el gobierno peruano compró un total de USD 661 mil 530 de material antidisturbios (cartuchos simples, cartuchos triples, proyectiles, cartuchos lacrimógenos, granadas lacrimógenas y perdigones de goma) para enfrentar a las protestas del pueblo peruano(viii).
A finales del mes de enero 2023, el gobierno también autorizó la transferencia de 22.905.298 soles al Ministerio del Interior, para financiar la adquisición de «material antidisturbios para la Policía Nacional, viáticos y alimentos». El 7 de febrero 2023, el Gobierno nuevamente autorizó una transferencia de 233.358.803 soles al Ministerio de Defensa para «afrontar conflictos sociales» en la ciudad de Lima(ix).
En gobiernos de derecha y de carácter dictatorial como el de Dina Boluarte, no se pueden esperar respuestas blandas ante el descontento popular y sus protestas. Solo se pueden esperar reacciones violentas para aferrarse al poder y preservar lo establecido, es decir, la política neoliberal del sistema capitalista cruel, voraz, corrupto y ya decadente. Y, para defender a ese sistema que permite privilegios a la clase dominante, Balearte y Matárola no se escatimaron en derrochar cientos de millones de soles para reprimir y matar al pueblo, aunque para ello, hayan tenido que manchar sus manos con la sangre de ese mismo pueblo.
Ahora, tras el paso del ciclón Yaku, y los estragos causados, es nuevamente el pueblo peruano el que sufre los graves efectos de los desastres naturales; más aún sufrió, cuando la señora Dina Balearte, quien ostenta de ser presidenta, dijo que el “Estado no cuenta con medios para afrontar las consecuencias de las lluvias e inundaciones.”
Sin embargo, a pesar de los desastres naturales, el pueblo peruano sigue con la misma unidad y firmeza para seguir luchando por su derechos y demandas.
(19/03/2023)
© 2023 Betty Rhaza
Fotos: Internet | Collage: ABCD
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(i) Yaku, palabra quechua que significa “agua”.
(ii) https://www.lavanguardia.com/…/boluarte-admite-peruano…
(iii) https://www.infobae.com/…/ciclon-yaku-en-vivo-lluvias…/
(iv) https://www.infobae.com/…/huaicos-en-vivo-ciclon-yaku…/
(v) https://www.infobae.com/…/bono-por-lluvias-link…/
(vi) Apodos creados por el pueblo, para describir a Dina Boluarte como “Balearte” (por su inclinación a balear) y a Alberto Otárola como “Matárola” (por dar órdenes de matar). Ambos son responsables directos de las represiones y matanzas ejecutadas por las fuerzas policiales y del ejército del Perú durante los conflictos sociales de 2022-2023.
(vii) https://www.nytimes.com/…/peru-policia-ejercito…
(viii) https://www.infobae.com/…/revelan-que-pnp-compro-mas…/